Ahora se pondrá en marcha el proceso de selección establecido por el gobernador,
que permite la participación ciudadana
El gobernador Hermes Binner propuso al juez rosarino Edgardo José Bistoletti para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe.
La propuesta se hizo pública ayer, luego de una reunión mantenida por el gobernador con el juez Bistoletti en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario.
A partir de ahora se pondrá en marcha el nuevo proceso de selección, que prevé la participación ciudadana, establecido por el gobierno a través del decreto de autolimitación dictado la semana pasado por Binner.
Bistoletti, de 64 años, se desempeña como titular del Juzgado Correccional Nº 8 de la ciudad de Rosario desde 1989, habiéndose especializado en temas relativos a los derechos humanos. Es abogado, egresado de la Universidad Católica de Rosario.
El gobernador Binner destacó “el perfil humanista y la capacidad técnica” de Bistoletti y el hecho de que “no tiene actuación político partidaria”.
También ponderó su trayectoria, vinculada a la “observancia del valor de la Justicia, teniendo como principal meta la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos”.
La Defensoría del Pueblo es un órgano de control y vigilancia de la actividad administrativa, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes, que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente y que configuren una desviación de poder.
Decreto de autolimitación
La semana pasada el gobernador Binner había reglamentado el procedimiento que de ahora en más deberá seguir el Poder Ejecutivo para el nombramiento del Defensor del Pueblo, incorporando la participación de la sociedad civil para dotar de mayor transparencia al proceso.
Según lo estipula la Ley Nº 10.396, los postulantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. No obstante, por disposición del decreto Nº 3.053, rubricado por Binner, se incorporarán nuevos parámetros al procedimiento, para “asegurar que se brinde adecuada publicidad” a las postulaciones y para “contemplar la participación de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema en el proceso de selección, pudiendo éstas exponer sus razones, puntos de vista y objeciones a los nombramientos propuestos”, indica la norma.
La nueva disposición brinda la posibilidad de que “sean tenidos en cuenta los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad de los propuestos” para “la mejor selección de los candidatos”, de tal manera que “su designación contribuya en modo cierto a su independencia, procurando con ello el fortalecimiento del sistema republicano y el incremento de la calidad institucional”.
Publicación de los antecedentes
A tal fin, el decreto establece que “deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y en por lo menos dos diarios de circulación provincial, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que sean objeto de consideración para la cobertura de la vacante”. Asimismo, “en simultáneo con tal publicación se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos informáticos según se establezca a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sostiene la normativa.
El decreto explicita que las personas incluidas en la publicación “deberán presentar una declaración jurada en la que consten los siguientes datos: estudios realizados; trayectoria en el ámbito público y privado, con especial referencia a los cargos públicos que hayan ocupado; nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge o conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores”, entre otros.
Posibilidad de realizar observaciones
Tras la publicación, “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de 15 días hábiles administrativos a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos”.
A su vez, “en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración”, como también se solicitará un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas a la Administración Provincial de Impuestos (API) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “preservando el secreto fiscal”, agrega la norma.
Luego del tiempo establecido para las observaciones, en un plazo “que no deberá superar los 15 días hábiles”, el Ejecutivo “dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta” a la Asamblea Legislativa para su consideración.
“Despartidizar” los organismos de control
La reglamentación de la postulación del Defensor del Pueblo se suma a la modificación del sistema de selección de los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que a partir de ahora –también por decisión de Binner– se realizará a través de un concurso público.
Ambas iniciativas tienden a dotar de mayor transparencia el proceso de selección de los integrantes de los órganos de control, para darles mayor independencia y alejar el ejercicio de esas funciones de las influencias de política partidaria.-
La propuesta se hizo pública ayer, luego de una reunión mantenida por el gobernador con el juez Bistoletti en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario.
A partir de ahora se pondrá en marcha el nuevo proceso de selección, que prevé la participación ciudadana, establecido por el gobierno a través del decreto de autolimitación dictado la semana pasado por Binner.
Bistoletti, de 64 años, se desempeña como titular del Juzgado Correccional Nº 8 de la ciudad de Rosario desde 1989, habiéndose especializado en temas relativos a los derechos humanos. Es abogado, egresado de la Universidad Católica de Rosario.
El gobernador Binner destacó “el perfil humanista y la capacidad técnica” de Bistoletti y el hecho de que “no tiene actuación político partidaria”.
También ponderó su trayectoria, vinculada a la “observancia del valor de la Justicia, teniendo como principal meta la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos”.
La Defensoría del Pueblo es un órgano de control y vigilancia de la actividad administrativa, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes, que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente y que configuren una desviación de poder.
Decreto de autolimitación
La semana pasada el gobernador Binner había reglamentado el procedimiento que de ahora en más deberá seguir el Poder Ejecutivo para el nombramiento del Defensor del Pueblo, incorporando la participación de la sociedad civil para dotar de mayor transparencia al proceso.
Según lo estipula la Ley Nº 10.396, los postulantes para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. No obstante, por disposición del decreto Nº 3.053, rubricado por Binner, se incorporarán nuevos parámetros al procedimiento, para “asegurar que se brinde adecuada publicidad” a las postulaciones y para “contemplar la participación de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema en el proceso de selección, pudiendo éstas exponer sus razones, puntos de vista y objeciones a los nombramientos propuestos”, indica la norma.
La nueva disposición brinda la posibilidad de que “sean tenidos en cuenta los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad de los propuestos” para “la mejor selección de los candidatos”, de tal manera que “su designación contribuya en modo cierto a su independencia, procurando con ello el fortalecimiento del sistema republicano y el incremento de la calidad institucional”.
Publicación de los antecedentes
A tal fin, el decreto establece que “deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y en por lo menos dos diarios de circulación provincial, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que sean objeto de consideración para la cobertura de la vacante”. Asimismo, “en simultáneo con tal publicación se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos informáticos según se establezca a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sostiene la normativa.
El decreto explicita que las personas incluidas en la publicación “deberán presentar una declaración jurada en la que consten los siguientes datos: estudios realizados; trayectoria en el ámbito público y privado, con especial referencia a los cargos públicos que hayan ocupado; nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge o conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores”, entre otros.
Posibilidad de realizar observaciones
Tras la publicación, “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de 15 días hábiles administrativos a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos”.
A su vez, “en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración”, como también se solicitará un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas a la Administración Provincial de Impuestos (API) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “preservando el secreto fiscal”, agrega la norma.
Luego del tiempo establecido para las observaciones, en un plazo “que no deberá superar los 15 días hábiles”, el Ejecutivo “dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta” a la Asamblea Legislativa para su consideración.
“Despartidizar” los organismos de control
La reglamentación de la postulación del Defensor del Pueblo se suma a la modificación del sistema de selección de los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que a partir de ahora –también por decisión de Binner– se realizará a través de un concurso público.
Ambas iniciativas tienden a dotar de mayor transparencia el proceso de selección de los integrantes de los órganos de control, para darles mayor independencia y alejar el ejercicio de esas funciones de las influencias de política partidaria.-
