El secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, confirmó que el gobierno pretende insistir con su propuesta original de reforma fiscal.
Aún en "obras" por el recambio de funcionarios en el Ministerio de Economía provincial, que lo llevó a él mismo a la Secretaría de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, confirma que el Estado santafesino cierra el ejercicio fiscal 2009 con un déficit superior a los mil millones de pesos y que este año la administración de Hermes Binner insistirá con el objetivo de reponer ingresos brutos para la industria y la construcción, y dotar de progresividad al inmobiliario rural a través de la personalización de partidas. Todos ítems que fueron rechazados en dos oportunidades por la oposición justicialista. El funcionario está convencido que la tercera será la vencida: "La impondrá la realidad", dice. Además anticipó que la gestión pretende avanzar en 2010 con modificaciones al reparto secundario de la coparticipación con municipios y comunas y con la creación de una corporación financiera para financiar el desarrollo productivo..
A lo largo de la entrevista con La Capital, Fernández despliega una batería de iniciativas con las que buscan llevar el barco hacia buen puerto de cara al 2011, después de un segundo semestre en la que la gestión se vio afectada incluso hasta en la imagen. El número dos de la cartera económica no nada en la euforia pero tampoco traza escenarios apocalípticos. Ese delicado equilibrio sobre las perspectivas de las cuentas públicas lo sustenta en dos variables que pesan con fuerza en la balanza de los números del Estado provincial: las cercanas paritarias estatales y la evolución de la actividad económica, que, admite muestra una recuperación.
Los aumentos tarifarios en los servicios públicos despejaron una parte de la demanda de recursos de la caja provincial, pero, sumado a la suba impuestos, tendrán como contrapartida seguramente su efecto en la inflación y pesarán en la disputa salarial. Fernández lo sabe pero apuesta a "la racionalidad" de las partes. En tanto, el endeudamiento de 1.600 millones de pesos aprobado por la Legislatura tendrá como destino principal otro frente importante: la motorización de obras públicas con la emisión de bonos específicos por obras.
—Casi desde el comienzo del año se instaló la discusión en torno al rojo fiscal. ¿Cómo cierra el ejercicio 2009?
—El resultado final estará en torno a lo que el ministro adelantó reiteradas veces: un déficit de 1.000 a 1.200 millones de pesos. Eso no cambió porque la estructura del gasto es muy previsible por su rigidez y los recursos no sorprendieron ni hacia arriba ni hacia abajo. En los próximos días estarán los números definitivos. Ha habido todo un planteo de la oposición en cuanto a que teníamos los fondos y podíamos pagar el sueldo de diciembre y el aguinaldo. En verdad, lo que la oposición supone disponible es el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), que son 800 cuentas diversas que arrojan un saldo porque no se utilizan todos los recursos. La ley permite que el 80 por ciento pueda utilizarse de forma transitoria por el Tesoro, pero eso después hay que devolverlos. Eso es lo que hemos hecho con el Fuco, pero no significa que existan esos 1.000 millones de pesos. Y muchos menos que puedan ser considerados como recursos para el 2010. Esos fondos obedecen a recursos que ya ingresaron y fueron registrados oportunamente. Con lo cual nada es distinto a lo que dijo el ministro tantas veces. Es un déficit anunciado, porque el resultado genuino de rentas generales del año 2004, que fue el de mayor superávit, de alrededor de 700 millones de pesos, fue decreciendo en el 2005 a 600 millones en el 2006 fue de 38 millones de pesos, y en el 2007 ya hubo 167 millones de pesos de déficit.
—Cuando Sciara salió con esta última cifra sorprendió, porque desde que estaban por asumir hubo toda una discusión sobre cuánto dinero quedaba en la caja a la salida de la gestión de Jorge Obeid. El ministro incluso reconoció que había 1.500 millones de pesos. Pero ahora, dos años después, habla de que el 2007 cerró con déficit. ¿Qué ocurrió?
—Son cosas distintas. Si aislo el ejercicio 2007, da un déficit de 167 millones de pesos. Lo que ocurre es que hubo superávit en los años anteriores, que se vieron más o menos reflejados en la disponibilidad. Pero si veo la tendencia de los resultados estamos ante una caída vertical, un proceso indetenible. Cuando advertimos esa situación, en marzo de 2008, propusimos la reforma tributaria. Es que había un tema estructural. La composición del 93 por ciento del gasto es rígida. Deja cierto margen de administración del 7 por ciento, que es para obra pública. Por eso tampoco puede sorprenderse la oposición que no haya una ejecución total de los fondos afectados a obra pública. El tema de los recursos, esos 1.599 millones de pesos, existen, es verdad. Pero no están enteramente disponibles, porque allí se incluyen cuentas con asignación específica, que tienen un destino especial y no se puede invertir más que para eso. Está el Fuco, que tiene la posibilidad de disponibilidad hasta el 80 por ciento y después había algo así como 400 millones, de rentas generales. Pero también había una deuda flotante y había que pagar el aguinaldo a pocos días, recursos que no se juntan en los últimos tres días sino que se hacen previsiones desde el momento que se pago el aguinaldo anterior. Si tenemos un saldo disponible pero a los 10 días hay que pagar el aguinaldo hay un compromiso legal ineludible que hay que asumir y para eso estaban esos fondos. Por eso, los fondos que quedaban libres de toda libertad, son muy menores, unos 100 ó 200 millones de pesos. Una cosa no quita la otra. No es que estemos discutiendo la existencia de 1.599 millones de pesos, sí lasrestricciones para su disponibilidad. Recuerdo que el año pasado la oposición dijo para qué quieren la reforma tributaria si tienen esos fondos. Pero esos fondos no se pueden afectar al pago de aumentos salariales.
—Otros de los planteos de la oposición a lo largo del 2009 justamente fue una subejecución muy grande de la obra pública.
—Es por lo que decía recién. La dificultad e administrar una situación con recursos menguados y gastos rígidos. Entonces, la variable de ajuste es el ritmo de la obra pública o los pagos a los contratistas. Por eso se acordó pagar a los proveedores a 120 días. Esa economía en gasto de capital es lo que posibilitó pagar la cuenta sueldos del personal presupuestados en tiempo y forma. Para eso se hizo una modificación compensada, que permite la modificada ley de responsabilidad fiscal y con eso se pagaron correctamente los sueldos.
—Si bien el tamaño de un Estado provincial no define el ritmo de la economía, la obra pública es dinamizadora de la actividad. ¿Cree que si en el 2010 sucederá algo parecido a 2009?
—Nosotros en el 2010, en el esquema de recursos y gastos ya aprobado, tenemos un equilibrio entre ingresos y gastos corrientes. Y la obra pública está muy vinculada al endeudamiento, en términos muy generales. Las modificaciones tributarias, si bien están muy lejos de lo que pretendía el gobierno, dará algún manejo con respecto al gasto. Tenemos que pensar en las demandas salariales. En tanto, para la obra pública tenemos algunas rentas con asignación específica y el fondo sojero.
—La impresión es que ve el vaso medio lleno, pese a que fue mochada la reforma. El año pasado no obtuvieron nada y este año sacaron la mitad. Más allá de la derrota legislativa y política, en el mediano y largo plazo tienen un escenario económico mejor.
—Claro, pero en un escenario complejo. El presupuesto es extremadamente austero, lo que nos llevará a un fuerte trabajo de control del gasto que ejecutan las distintas jurisdicciones. De todos modos está la cuestión de las demandas salariales. Uno siempre presupone que va a primar la racionalidad, la comprensión sobre la situación real de la provincia, es todo un tema.
—Pero con la reforma, el aumento de tarifas, algo de reactivación y cosecha de soja récord, hace presuponer un paquete que le permitirán a las cuentas públicas un menor estrés.
—El Senado le sacó a la provincia 650 millones de pesos. Es un hecho indiscutible que hará muy complejo el manejo financiero de este año. Qué tenemos: la autorización para gastar y para endeudarnos hasta cierto límite. Eso nos permitirá la posibilidad de ejecutar obra pública con endeudamiento, como hizo Córdoba.
—¿Esta es la herramienta en que más están pensando para ejecutar las posibilidades de endeudamiento?
—Sí, pero depende para qué obra y cómo está el mercado. Pero es una herramienta que enemos. Quiere decir que vamos a considerarla a medida que vaya transcurriendo el año. También está el fondo sojero, si se mantiene en los niveles previstos, porque el año pasado había determinada previsión y no se llegó al 40 por ciento.
—Pero los analistas y especialistas prevén una cosecha récord.
—Puede ser que eso mejore?
—¿Están subestimados los números en este caso?
—No me quiero arriesgar. El presupuesto prevé más de 500 millones, de los cuales 30 por ciento sonpara municipios y comunas.
—Los senadores plantearon que las proyecciones de la provincia estaban subvaloradas en unos 700 millones de pesos.
—¿En base a qué?
—Igualmente, con reforma, suba de tarifas y cosecha hacen suponer que llegarán a unas paritarias con mayor tranquilidad.
—Yo no soy tan optimista. Ya que, si esos 700 millones de pesos que los senadores dicen que no contamos son por inflación nos pega mucho más en el gasto que en los recursos. Y si viene por una mayor actividad económica, debería ser muy fuerte. Y eso nadie puede asegurarlo. Hay una suerte de reactivación, es verdad. Pero nosotros no podemos ir más lejos en los recursos que el presupuesto nacional, que plantea 2,5 por ciento de crecimiento de la actividad. Si crece al 4 por ciento sin inflación es una cosa, y si es al 3 y pico con inflación nos perjudica más que nos beneficia. O al menos neutraliza la mayor actividad económica. Reitero: si es precio, no me sirve para nada, porque se ajusta mucho mas rápido el gasto que los recursos. Si es mayor actividad económica pura, bienvenido.
—En un ejercicio lineal, si se toman los gastos previstos en el presupuesto 2010 para sueldos y en base a que los gremios piden en torno al 20 por ciento de aumento, arroja una cifra anualizada de casi 2.000 millones de pesos adicionales. ¿Es viable?
—No puedo hablar aún de números ni tampoco descalificar ninguna pretensión, porque evidentemente la inflación erosiona los recursos de los trabajadores, pero al mismo tiempo digo que el justicialismo nos negó 650 millones de pesos, que eran una buena reserva para afrontar demandas salariales. Creo que el número definitivo tiene que ser entre entender la realidad de las cuentas públicas y la necesidad de los trabajadores. Porque el justicialismo no demostró un solo peso de gasto superfluo como para decir bueno: el gobierno puede ahorrar en tal lado para atender las demandas salariales. Eso no existe. Salvo que entienda que gasto superfluo sea transferir a municipios y comunas como dice la ley o haber dado los aumentos salariales de 2008 y 2009, que lo diga si es así. Es más, parece que subyace en el mensaje de la oposición que ahí están las dos cuestiones. Y por eso cuando en el Senado en el artículo 85 dice adecuar los recursos en función de la reforma tributaria y adecuar los gastos y eliminar las fuentes de financiamiento, nos está diciendo cero obra pública o bajen los sueldos. Cosa que ellos han hecho. También sabemos que hay cuestiones que van a repercutir en municipios y comunas.
—Por lo pronto, ¿los ingresos han encontrado un piso en términos reales?
—Sí.
—Cuando Sciara presentó los vetos, aseguró que insistiría con una nueva reforma. ¿Con que se insistirá, ya que este año pudo prosperar a duras penas la mitad de una reforma mucho más lavada que la de 2008?
—Hay cosas que hacen a la recaudación pero sobre todo a la equidad tributaria, que es, por ejemplo, la personalización del impuesto del inmobiliario rural. El Senado le quitó ese ingrediente de progresividad. También con el gravamen de ingresos brutos a la industria y a la construcción, cosa que han hecho todas las provincias del país, menos Santa Fe y por lo cual el resto tienen un mejor perfil de recursos propios. Además, con la eliminación de la posibilidad de descontar del Drei ingresos brutos, porcentaje que ya bajó en el gobierno de Reutemann-Mercier, del 20 al 15% y en su segundo gobierno lo hicieron del 15 al 10 por ciento. Porque es verdad que para los municipios, que obliga tener pagado primero el Drei antes del vencimiento de ingresos brutos le da cierta facilidad para cobrarlo indirectamente, pero también que es difícil controlar que eso sea efectivamente así, salvo con una inspección. De otra forma no surge. Entonces cabe la presunción de que hay contribuyentes que toman el 10%, detrayendo ingresos a la provincia, que después van a los municipios vía coparticipación. En el esquema que proponíamos era que lo que podrían a llegar a perder certeza de cobro por un lado lo iban a obtener vía recaudación por lo que se iban a recaudar mas.
—¿Pero qué les hace presuponer que en una tercera vuelta prosperen estas iniciativas?
A lo largo de la entrevista con La Capital, Fernández despliega una batería de iniciativas con las que buscan llevar el barco hacia buen puerto de cara al 2011, después de un segundo semestre en la que la gestión se vio afectada incluso hasta en la imagen. El número dos de la cartera económica no nada en la euforia pero tampoco traza escenarios apocalípticos. Ese delicado equilibrio sobre las perspectivas de las cuentas públicas lo sustenta en dos variables que pesan con fuerza en la balanza de los números del Estado provincial: las cercanas paritarias estatales y la evolución de la actividad económica, que, admite muestra una recuperación.
Los aumentos tarifarios en los servicios públicos despejaron una parte de la demanda de recursos de la caja provincial, pero, sumado a la suba impuestos, tendrán como contrapartida seguramente su efecto en la inflación y pesarán en la disputa salarial. Fernández lo sabe pero apuesta a "la racionalidad" de las partes. En tanto, el endeudamiento de 1.600 millones de pesos aprobado por la Legislatura tendrá como destino principal otro frente importante: la motorización de obras públicas con la emisión de bonos específicos por obras.
—Casi desde el comienzo del año se instaló la discusión en torno al rojo fiscal. ¿Cómo cierra el ejercicio 2009?
—El resultado final estará en torno a lo que el ministro adelantó reiteradas veces: un déficit de 1.000 a 1.200 millones de pesos. Eso no cambió porque la estructura del gasto es muy previsible por su rigidez y los recursos no sorprendieron ni hacia arriba ni hacia abajo. En los próximos días estarán los números definitivos. Ha habido todo un planteo de la oposición en cuanto a que teníamos los fondos y podíamos pagar el sueldo de diciembre y el aguinaldo. En verdad, lo que la oposición supone disponible es el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), que son 800 cuentas diversas que arrojan un saldo porque no se utilizan todos los recursos. La ley permite que el 80 por ciento pueda utilizarse de forma transitoria por el Tesoro, pero eso después hay que devolverlos. Eso es lo que hemos hecho con el Fuco, pero no significa que existan esos 1.000 millones de pesos. Y muchos menos que puedan ser considerados como recursos para el 2010. Esos fondos obedecen a recursos que ya ingresaron y fueron registrados oportunamente. Con lo cual nada es distinto a lo que dijo el ministro tantas veces. Es un déficit anunciado, porque el resultado genuino de rentas generales del año 2004, que fue el de mayor superávit, de alrededor de 700 millones de pesos, fue decreciendo en el 2005 a 600 millones en el 2006 fue de 38 millones de pesos, y en el 2007 ya hubo 167 millones de pesos de déficit.
—Cuando Sciara salió con esta última cifra sorprendió, porque desde que estaban por asumir hubo toda una discusión sobre cuánto dinero quedaba en la caja a la salida de la gestión de Jorge Obeid. El ministro incluso reconoció que había 1.500 millones de pesos. Pero ahora, dos años después, habla de que el 2007 cerró con déficit. ¿Qué ocurrió?
—Son cosas distintas. Si aislo el ejercicio 2007, da un déficit de 167 millones de pesos. Lo que ocurre es que hubo superávit en los años anteriores, que se vieron más o menos reflejados en la disponibilidad. Pero si veo la tendencia de los resultados estamos ante una caída vertical, un proceso indetenible. Cuando advertimos esa situación, en marzo de 2008, propusimos la reforma tributaria. Es que había un tema estructural. La composición del 93 por ciento del gasto es rígida. Deja cierto margen de administración del 7 por ciento, que es para obra pública. Por eso tampoco puede sorprenderse la oposición que no haya una ejecución total de los fondos afectados a obra pública. El tema de los recursos, esos 1.599 millones de pesos, existen, es verdad. Pero no están enteramente disponibles, porque allí se incluyen cuentas con asignación específica, que tienen un destino especial y no se puede invertir más que para eso. Está el Fuco, que tiene la posibilidad de disponibilidad hasta el 80 por ciento y después había algo así como 400 millones, de rentas generales. Pero también había una deuda flotante y había que pagar el aguinaldo a pocos días, recursos que no se juntan en los últimos tres días sino que se hacen previsiones desde el momento que se pago el aguinaldo anterior. Si tenemos un saldo disponible pero a los 10 días hay que pagar el aguinaldo hay un compromiso legal ineludible que hay que asumir y para eso estaban esos fondos. Por eso, los fondos que quedaban libres de toda libertad, son muy menores, unos 100 ó 200 millones de pesos. Una cosa no quita la otra. No es que estemos discutiendo la existencia de 1.599 millones de pesos, sí lasrestricciones para su disponibilidad. Recuerdo que el año pasado la oposición dijo para qué quieren la reforma tributaria si tienen esos fondos. Pero esos fondos no se pueden afectar al pago de aumentos salariales.
—Otros de los planteos de la oposición a lo largo del 2009 justamente fue una subejecución muy grande de la obra pública.
—Es por lo que decía recién. La dificultad e administrar una situación con recursos menguados y gastos rígidos. Entonces, la variable de ajuste es el ritmo de la obra pública o los pagos a los contratistas. Por eso se acordó pagar a los proveedores a 120 días. Esa economía en gasto de capital es lo que posibilitó pagar la cuenta sueldos del personal presupuestados en tiempo y forma. Para eso se hizo una modificación compensada, que permite la modificada ley de responsabilidad fiscal y con eso se pagaron correctamente los sueldos.
—Si bien el tamaño de un Estado provincial no define el ritmo de la economía, la obra pública es dinamizadora de la actividad. ¿Cree que si en el 2010 sucederá algo parecido a 2009?
—Nosotros en el 2010, en el esquema de recursos y gastos ya aprobado, tenemos un equilibrio entre ingresos y gastos corrientes. Y la obra pública está muy vinculada al endeudamiento, en términos muy generales. Las modificaciones tributarias, si bien están muy lejos de lo que pretendía el gobierno, dará algún manejo con respecto al gasto. Tenemos que pensar en las demandas salariales. En tanto, para la obra pública tenemos algunas rentas con asignación específica y el fondo sojero.
—La impresión es que ve el vaso medio lleno, pese a que fue mochada la reforma. El año pasado no obtuvieron nada y este año sacaron la mitad. Más allá de la derrota legislativa y política, en el mediano y largo plazo tienen un escenario económico mejor.
—Claro, pero en un escenario complejo. El presupuesto es extremadamente austero, lo que nos llevará a un fuerte trabajo de control del gasto que ejecutan las distintas jurisdicciones. De todos modos está la cuestión de las demandas salariales. Uno siempre presupone que va a primar la racionalidad, la comprensión sobre la situación real de la provincia, es todo un tema.
—Pero con la reforma, el aumento de tarifas, algo de reactivación y cosecha de soja récord, hace presuponer un paquete que le permitirán a las cuentas públicas un menor estrés.
—El Senado le sacó a la provincia 650 millones de pesos. Es un hecho indiscutible que hará muy complejo el manejo financiero de este año. Qué tenemos: la autorización para gastar y para endeudarnos hasta cierto límite. Eso nos permitirá la posibilidad de ejecutar obra pública con endeudamiento, como hizo Córdoba.
—¿Esta es la herramienta en que más están pensando para ejecutar las posibilidades de endeudamiento?
—Sí, pero depende para qué obra y cómo está el mercado. Pero es una herramienta que enemos. Quiere decir que vamos a considerarla a medida que vaya transcurriendo el año. También está el fondo sojero, si se mantiene en los niveles previstos, porque el año pasado había determinada previsión y no se llegó al 40 por ciento.
—Pero los analistas y especialistas prevén una cosecha récord.
—Puede ser que eso mejore?
—¿Están subestimados los números en este caso?
—No me quiero arriesgar. El presupuesto prevé más de 500 millones, de los cuales 30 por ciento sonpara municipios y comunas.
—Los senadores plantearon que las proyecciones de la provincia estaban subvaloradas en unos 700 millones de pesos.
—¿En base a qué?
—Igualmente, con reforma, suba de tarifas y cosecha hacen suponer que llegarán a unas paritarias con mayor tranquilidad.
—Yo no soy tan optimista. Ya que, si esos 700 millones de pesos que los senadores dicen que no contamos son por inflación nos pega mucho más en el gasto que en los recursos. Y si viene por una mayor actividad económica, debería ser muy fuerte. Y eso nadie puede asegurarlo. Hay una suerte de reactivación, es verdad. Pero nosotros no podemos ir más lejos en los recursos que el presupuesto nacional, que plantea 2,5 por ciento de crecimiento de la actividad. Si crece al 4 por ciento sin inflación es una cosa, y si es al 3 y pico con inflación nos perjudica más que nos beneficia. O al menos neutraliza la mayor actividad económica. Reitero: si es precio, no me sirve para nada, porque se ajusta mucho mas rápido el gasto que los recursos. Si es mayor actividad económica pura, bienvenido.
—En un ejercicio lineal, si se toman los gastos previstos en el presupuesto 2010 para sueldos y en base a que los gremios piden en torno al 20 por ciento de aumento, arroja una cifra anualizada de casi 2.000 millones de pesos adicionales. ¿Es viable?
—No puedo hablar aún de números ni tampoco descalificar ninguna pretensión, porque evidentemente la inflación erosiona los recursos de los trabajadores, pero al mismo tiempo digo que el justicialismo nos negó 650 millones de pesos, que eran una buena reserva para afrontar demandas salariales. Creo que el número definitivo tiene que ser entre entender la realidad de las cuentas públicas y la necesidad de los trabajadores. Porque el justicialismo no demostró un solo peso de gasto superfluo como para decir bueno: el gobierno puede ahorrar en tal lado para atender las demandas salariales. Eso no existe. Salvo que entienda que gasto superfluo sea transferir a municipios y comunas como dice la ley o haber dado los aumentos salariales de 2008 y 2009, que lo diga si es así. Es más, parece que subyace en el mensaje de la oposición que ahí están las dos cuestiones. Y por eso cuando en el Senado en el artículo 85 dice adecuar los recursos en función de la reforma tributaria y adecuar los gastos y eliminar las fuentes de financiamiento, nos está diciendo cero obra pública o bajen los sueldos. Cosa que ellos han hecho. También sabemos que hay cuestiones que van a repercutir en municipios y comunas.
—Por lo pronto, ¿los ingresos han encontrado un piso en términos reales?
—Sí.
—Cuando Sciara presentó los vetos, aseguró que insistiría con una nueva reforma. ¿Con que se insistirá, ya que este año pudo prosperar a duras penas la mitad de una reforma mucho más lavada que la de 2008?
—Hay cosas que hacen a la recaudación pero sobre todo a la equidad tributaria, que es, por ejemplo, la personalización del impuesto del inmobiliario rural. El Senado le quitó ese ingrediente de progresividad. También con el gravamen de ingresos brutos a la industria y a la construcción, cosa que han hecho todas las provincias del país, menos Santa Fe y por lo cual el resto tienen un mejor perfil de recursos propios. Además, con la eliminación de la posibilidad de descontar del Drei ingresos brutos, porcentaje que ya bajó en el gobierno de Reutemann-Mercier, del 20 al 15% y en su segundo gobierno lo hicieron del 15 al 10 por ciento. Porque es verdad que para los municipios, que obliga tener pagado primero el Drei antes del vencimiento de ingresos brutos le da cierta facilidad para cobrarlo indirectamente, pero también que es difícil controlar que eso sea efectivamente así, salvo con una inspección. De otra forma no surge. Entonces cabe la presunción de que hay contribuyentes que toman el 10%, detrayendo ingresos a la provincia, que después van a los municipios vía coparticipación. En el esquema que proponíamos era que lo que podrían a llegar a perder certeza de cobro por un lado lo iban a obtener vía recaudación por lo que se iban a recaudar mas.
—¿Pero qué les hace presuponer que en una tercera vuelta prosperen estas iniciativas?
—La realidad. El año pasado se negaron a toda reforma. Este año accedieron parcialmente, que fue más bien un aumento de impuesto que no incorpora equidad. Vamos a seguir insistiendo porque es lo que creemos que es justo. Asustaron con el fantasma de la suspensión del pacto fiscal del 93. Sin embargo hoy ninguna provincia lo cumple, ni siquiera la Nación.
