En las tres plantas que posee en Santa Fe, la empresa registra 138.696 metros cuadrados de construcciones sin declarar, por los cuales la Provincia le reclama una deuda de 570.000 pesos. También se fiscalizaron patentes automotores, ley de Sellos e inscripción en regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren, encabezó ayer un operativo en la planta de Cargill de Puerto General San Martín, en el marco del cual notificó a la empresa exportadora que adeuda 570.000 pesos en concepto de impuesto inmobiliario, por tener un total de 138.696 metros cuadrados de construcciones sin declarar en los tres establecimientos industriales que posee en territorio santafesino.
El operativo, a cargo de un grupo conformado por fiscalizadores del Servicio de Catastro e Información Territorial, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía de Estado de la provincia, incluyó tareas de fiscalización en materia de registro de patentes automotores, ley de sellos, e inscripción en regímenes de retención y percepción del impuesto a los Ingresos Brutos.
En la oportunidad, Beren estuvo acompañada por el administrador provincial de la API, Nicolás Ruesjas.
La acción se desprende de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario que la Subsecretaría de Ingresos Públicos realizó en enero pasado. A través de esa investigación se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.
“Hicimos una fiscalización al complejo portuario de la provincia de Santa Fe y detectamos que, frente a 615.000 metros cuadrados cubiertos declarados por todos los puertos, había otros casi 800.000 de silos sin declarar. Es una cifra que casi duplica la capacidad de los puertos existente; es como haber encontrado otra provincia”, detalló Beren, al tiempo que indicó que esa información fue elevada a la de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que se encarga de controlar la comercialización internacional de granos junto a la Aduana.
“Ahora estamos lanzando una fiscalización a cada una de las empresas que presentaron irregularidades. Hoy nos presentamos ante las autoridades de Cargill para notificarle cuál es la deuda de Impuesto Inmobiliario que tiene por alrededor de 140.000 metros cuadrados que no tenía declarados ante la provincia”, precisó.
“También estamos controlando el cumplimiento de la patente de todos los vehículos que están en el predio y nos llama mucho la atención el hecho de que la empresa se declare exenta en todos los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos de las 24 provincias argentinas”, se explayó la funcionaria.
Cargill tiene tres plantas en territorio santafesino: en las localidades de Puerto General San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. En total, el incremento de superficie edificada sin declarar asciende a 138.696 metros cuadrados, que se agregan a los 73.220 ya declarados.
Beren y los inspectores fueron recibidos por autoridades y representantes legales de Cargill.
ACERCA DEL OPERATIVO PUERTOS
El gobierno de la provincia dio conocer en marzo los resultados de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario, a través del cual se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia. Esto representa un incremento de valuaciones de 118.332.820 pesos y equivale a un ingreso para el Estado de 800 mil pesos por año en concepto de Impuesto Inmobiliario.
En algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas.
El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, permitió actualizar la información –y en consecuencia, los controles fiscales– sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur, tarea que no se hacía desde hace más de una década (prácticamente desde la ley de Puertos de 1992).
El operativo, a cargo de un grupo conformado por fiscalizadores del Servicio de Catastro e Información Territorial, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía de Estado de la provincia, incluyó tareas de fiscalización en materia de registro de patentes automotores, ley de sellos, e inscripción en regímenes de retención y percepción del impuesto a los Ingresos Brutos.
En la oportunidad, Beren estuvo acompañada por el administrador provincial de la API, Nicolás Ruesjas.
La acción se desprende de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario que la Subsecretaría de Ingresos Públicos realizó en enero pasado. A través de esa investigación se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia.
“Hicimos una fiscalización al complejo portuario de la provincia de Santa Fe y detectamos que, frente a 615.000 metros cuadrados cubiertos declarados por todos los puertos, había otros casi 800.000 de silos sin declarar. Es una cifra que casi duplica la capacidad de los puertos existente; es como haber encontrado otra provincia”, detalló Beren, al tiempo que indicó que esa información fue elevada a la de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que se encarga de controlar la comercialización internacional de granos junto a la Aduana.
“Ahora estamos lanzando una fiscalización a cada una de las empresas que presentaron irregularidades. Hoy nos presentamos ante las autoridades de Cargill para notificarle cuál es la deuda de Impuesto Inmobiliario que tiene por alrededor de 140.000 metros cuadrados que no tenía declarados ante la provincia”, precisó.
“También estamos controlando el cumplimiento de la patente de todos los vehículos que están en el predio y nos llama mucho la atención el hecho de que la empresa se declare exenta en todos los regímenes de retención y percepción de Ingresos Brutos de las 24 provincias argentinas”, se explayó la funcionaria.
Cargill tiene tres plantas en territorio santafesino: en las localidades de Puerto General San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. En total, el incremento de superficie edificada sin declarar asciende a 138.696 metros cuadrados, que se agregan a los 73.220 ya declarados.
Beren y los inspectores fueron recibidos por autoridades y representantes legales de Cargill.
ACERCA DEL OPERATIVO PUERTOS
El gobierno de la provincia dio conocer en marzo los resultados de un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario, a través del cual se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no estaban incorporadas a la base catastral de la provincia. Esto representa un incremento de valuaciones de 118.332.820 pesos y equivale a un ingreso para el Estado de 800 mil pesos por año en concepto de Impuesto Inmobiliario.
En algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas.
El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, permitió actualizar la información –y en consecuencia, los controles fiscales– sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur, tarea que no se hacía desde hace más de una década (prácticamente desde la ley de Puertos de 1992).
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